Dos programas municipales de la ciudad de Rosario serán premiados e imitados 

Ambas son  iniciativas implementadas por el municipio, que resultaron exitosas en la ciudad, y que serán imitadas en Medellín, Colombia. Se trata del Programa de Agricultura Urbana y del Presupuesto Participativo Joven, cuyos integrantes acaban de enterarse que recibirán el Premio Medellín que incluye además de una retribución económica la transferencia de esas experiencias a la ciudad colombiana.

Los dos programas dependen de la Secretaría de Promoción Social y alcanzaron este año un notable crecimiento. En el primer caso, se promovieron 600 huertas que involucran a 7 mil personas, se pusieron en marcha seis ferias de verduras y alimentos, además de dos pequeñas agroindustrias. Y en el segundo, se logró convocar a más de 2 mil jóvenes para que voten qué obras necesita Rosario.

La distinción forma parte del Concurso Latinoamericano y del Caribe para la Transferencia de Buenas Prácticas, en el que se presentaron 162 postulantes procedentes de 14 países y de los cuales sólo fueron elegidos cinco. Entre los criterios de selección se buscó que las propuestas respondieran a fenómenos regionales comunes y que siguieran los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

En la entrega de premios, que está programada para el 30 de noviembre, el 1º y el 2 de diciembre en Medellín, se les dará a las cinco prácticas distinguidas 10 mil dólares.

Del Programa de Agricultura Urbana, que coordina Antonio Latuca, surgieron seis ferias de alimentos donde se vende verdura cultivada con técnicas ecológicas. También se pusieron en funcionamiento dos pequeñas agroindustrias: una de procesamiento de verduras y otra de cosmética natural.
El plan fue implementado en 2002, en plena crisis económica, con el objetivo de capacitar a la población de escasos recursos en la creación de huertas que le permitieran obtener un ingreso económico.
En tanto, el Presupuesto Participativo Joven, coordinado por Silvana Turra y dependiente del Centro de la Juventud, se implementó este año en todos los distritos y por esta instancia pasaron más de 2 mil jóvenes, de entre 13 y 18 años. Ellos pudieron votar acerca de obras edilicias o actividades en las que, consideran, el municipio debería invertir el año próximo.

En el distrito Oeste, la iniciativa más votada fue la creación de un centro tecnológico; en el Noroeste, una rampa de skate y bicicleta; en el Norte, un taller de derechos humanos y de radio; en el Sur y Centro, la realización de concursos de bandas de rock; y en el Sudoeste salió una ludoteca, taller de radio y radio abierta.

Fuente: La Capital, en PoderLocal.net

Capitán Sarmiento consolida el “Plan de Modernización de la Gestión Municipal”

El proyecto iniciado en el año 2004 por la Municipalidad, con el asesoramiento de CIPPEC, tiene como principales metas promover mecanismos de planificación, control, transparencia y mejora de los procesos internos de la gestión local. La primera etapa del Plan culminó, entre otras cosas, con la puesta en marcha de un Tablero de Control Gerencial y un Programa Integral de Comunicación Interna y Externa. 

El Tablero de Control diseñado para Capitán Sarmiento es un instrumento que recoge una serie de indicadores que permiten medir la evolución, el impacto sobre la sociedad y los resultados de una serie de acciones estratégicas desarrolladas por el Gobierno Local. 

El Programa de Comunicación, por su parte, consistió en el diseño de una serie de herramientas que permiten mejoras comunicacionales hacia el interior de la Municipalidad y entre ésta y su entorno. Entre ellas, se gestionó y se puso en funcionamiento la página web oficial de la Municipalidad de Capitán Sarmiento (www.capitansarmiento.gov.ar) y se impulsaron mecanismos que permiten la aplicación metódica de otras herramientas: reuniones de gabinete, canales internos de comunicación escrita mediante el diseño de un boletín interno, creación de la cartelera, y otros.

En la actualidad, miembros de la Municipalidad e investigadores de CIPPEC, trabajan en la segunda etapa del proceso. Esta tiene como objetivo avanzar en el diseño y la implementación de un sistema eficiente de sugerencias y reclamos para que los vecinos de Capitán Sarmiento puedan hacer llegar sus inquietudes de la manera más cómoda con la seguridad adicional de que recibirán una respuesta rápida y acorde a la intervención realizada. Este sistema contempla la implementación de una línea gratuita para que los vecinos se comuniquen (0800) y comprometerá a los funcionarios a brindar una respuesta directa antes de las 48 horas de iniciado el trámite.

El Plan de Modernización de la Gestión en el Municipio de Capitán Sarmiento, que prevé como próximos pasos la elaboración de una Guía de Trámites Municipales y la implementación de un Informe para la mejora de la administración de Hacienda, es un ejemplo de apertura de los funcionarios en pos de mejorar la gestión, con interesantes potencialidades de ser replicable por otros municipios.

Fuente: CIPPEC, Área de Gestión Pública Local.  

 

El fenómeno de las tasas municipales

Cada vez hay más “ruido” y preocupación en las empresas a raíz de los crecientes reclamos de los municipios por el pago de variadas tasas retributivas de servicios. Y Córdoba no escapa a esta realidad.

Hay tasas para todos los gustos, pero las que generan más quejas son: la tasa de publicidad y propaganda (un hecho prácticamente nuevo, aunque esté legislado en las ordenanzas) y la tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios (redefinida sobre la base imponible).

Pocos ejemplos bastan para demostrar la desmesura del fenómeno. Una empresa fue objeto de reclamos en un determinado municipio, que argumentó que el camión con el logo de la compañía estaba haciendo publicidad por el lapso durante el cual permaneció dentro de la jurisdicción. Incluso, algunos municipios han llegado al absurdo de intentar someter a imposición las calcomanías y logos de empresas que se encuentran en el interior de un local destinado a la venta al público, justificando esa imposición en que estos elementos constituyen una publicidad.

Pero ocurre que, a excepción de los grandes centros urbanos, el resto de las comunas no dispone de la infraestructura adecuada que permita prestar el servicio por el cual se trata de cobrar la tasa. En el caso específico de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, se dan casos en los que se pretende reclamar a empresas que no poseen radicación física alguna dentro del territorio comunal, lo que revela la inexistencia de un servicio divisible prestado por el municipio que fundamenta el cobro.

Todo ello no hace más que demostrar que la gabela así exigida asume la naturaleza de un impuesto, cuya colisión con el tributo que rige sobre los ingresos brutos –y nacionales coparticipados– deviene en una abierta contradicción a las normas de orden superior, como la Ley de Coparticipación Federal.

Tercerización

La situación se agrava con la decisión de muchas comunas de otorgar en concesión a terceros privados la detección de infracciones, intimaciones, interposición de juicios de ejecución o apremio, y cobro. Esta tercerización recayó en organizaciones que trabajan a riesgo, por lo que su actitud es absolutamente “fundamentalista”.

En este contexto, las empresas articulan inicialmente su defensa en sede administrativa, donde resulta dificultoso conseguir las ordenanzas municipales y el seguimiento de los recursos que se interponen. Una vez agotada esta vía, es esencial, para acceder a la Justicia, el ingreso del capital reclamado –solve et repete (pague primero, discuta después)–, con el agravante de que, en algunos casos, los entes fiscales ya han procedido a iniciar juicio de ejecución fiscal sobre los intereses y multas, y dejan de lado todo principio de aplicación irrestricta en materia sancionatoria.
Aun cuando por imperativo constitucional –artículo 178 de la Carta Magna provincial de Córdoba– dicho requisito no debe ser exigido, los jueces hacen oídos sordos, al pretender darle rango superior a una norma de menor jerarquía –ley N° 7.182– y dictada en vigencia de la anterior Constitución.

Así las cosas, está claro que, ni las empresas operan con tranquilidad, ni la recaudación de fondos perseguida por los municipios se cumple. Es hora de apelar a una solución de orden político, que contemple los intereses en juego en un marco de convivencia, tanto desde el punto de vista del Derecho, como desde lo económico y lo comunitario. En definitiva, restaurar y preservar el pacto social

Fuente: La Voz del Interior, en PoderLocal.net. Por Alejandro Mosquera y Germán L. Gianotti